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Mesa A1

Desde una perspectiva institucional, jurídica y gremial, esta mesa discutirá el ordenamiento territorial, teniendo en cuenta las formas de uso, tenencia y acceso a la tierra. Además de los territorios étnicos, las zonas de reserva campesinas, los parques nacionales y las reservas forestales, existen otras figuras que operan como formas de organización social del territorio, como las zonas de desarrollo y fomento empresarial. Estas están vinculadas a criterios socioeconómicos y productivos, y reglamentadas jurídicamente para el desarrollo empresarial y para incentivar la inversión extranjera. Todas estas formas de ordenamiento y regulación del uso y el acceso se deben considerar en los procesos de restitución, de formalización de la propiedad y de consolidación del mercado de tierras y en relación con la inversión extranjera y el modelo de desarrollo.

Coordinador:

Juan Manuel Ospina (U. Externado)

Comentaristas:

Fernando Bernal (U. Nacional), Gabriel Tobón (U. Javeriana)

Relator:

Luis Bernet Peña Reyes

Participantes:

Gonzalo Téllez Universidad Nacional: Análisis de la política pública de reforma agraria en Colombia 1991-2010.

José Félix Lafaurie Fedegan, Luis Azcárate: La tierra como motor de desarrollo.

Unidad de Restitución de Tierras, César Nova D: Avances de la restitución de tierras étnicas.

Centro de Investigación en Política Criminal: El derecho a la restitución de tierras de las víctimas del despojo en Colombia.

Universidad Externado, Juan Felipe García: El proceso de restitución de tierras y el artículo 99 de la ley 1448 de 2011

Universidad Javeriana, Guillermo: Estado del arte de la acumulación de la tierra en Colombia (Unidades Agrícolas Familiares).

Forero Álvarez Abogado Independiente, Luis Fernando Forero: La importancia de la inversión extranjera en Colombia.

Sociedad de Agricultores de Colombia, Andrés Felipe González: Puntos de vista sobre la polémica de la concentración de tierras por parte de agroindustriales que han comprado las UAF.

Departamento Nacional de Planeación, Rafael Caro Espitia: Evaluación del cumplimiento de los objetivos de zonas de reserva constituidas.

Procuraduría, Cesar Jerez Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina: Ley 160/94: Zonas de reserva, zonas agroempresariales y zonas de consolidación.

La coordinación de esta Mesa estuvo a cargo de Juan Manuel Ospina de la Universidad Externado de Colombia y participaron como comentaristas Fernando Bernal de la Universidad Nacional y Gabriel Tobón la Universidad Javeriana.

FICHA TÉCNICA:

Desde una perspectiva institucional, jurídica y gremial, esta mesa abordaría lo referente al ordenamiento territorial, teniendo en cuenta las formas de uso, tenencia y acceso a la tierra. Además de los territorios étnicos, las zonas de reserva campesinas, los parques nacionales y las reservas forestales, existen otras figuras que operan como formas de organización social del territorio, como son las zonas de desarrollo empresarial, creadas a la par con las ZRC en la ley 160 de 1994 y aún no reglamentadas Estas últimas hacen referencia a criterios socioeconómicos y tienen como propósito definir unos criterios, condiciones y compromisos de empresarios que en áreas definidas adelanten proyectos agropecuarios y de transformación de los productos primarios con criterios de desarrollo empresarial y la capitalización de las actividades productivas agropecuarias. Todas estas formas de ordenamiento y regulación del uso y el acceso de las tierras se deben considerar en los procesos de restitución, de formalización de la propiedad y de consolidación del mercado de tierras y en relación con la inversión extranjera y el modelo de desarrollo que se acuerde.

 

  • ¿¿Según sus perspectivas de análisis cómo se viene expresando en Colombia, la concentración de tierras y acaparamiento de recursos?
  •  

  • ¿Cómo han afectado las políticas de ordenamiento territorial y el modelo de desarrollo rural el acceso a la tierra y la seguridad y soberanía alimentaria?
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  • ¿Qué actividades o estrategias territoriales y de lucha viene implementando su organización y comunidad para hacerle frente al acaparamiento de tierras y avanzar para garantizar el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y la reforma agraria?

 

La discusión se centró en los procesos de acaparamiento y sus relaciones con el ordenamiento territorial y el modelo de desarrollo rural y no se abordó la cuestión de la soberanía y seguridad alimentarias. Desafortunadamente no participó FEDEGAN, tampoco las entidades estatales invitadas ni las organizaciones sociales. Por esa razón la discusión fue una intensa confrontación de posiciones conceptuales entre académicos.

 

En las palabras iniciales al debate Juan Manuel Ospina, Coordinador de la Mesa, recalcó la centralidad del ordenamiento social del territorio para abordar los problemas de desarrollo rural integral con enfoque territorial, la restitución de tierras, la conservación de los recursos naturales, los baldíos titulables, las UAF y los derechos de superficie, entre muchos otros temas del mundo rural. En el ordenamiento del territorio existe una diversidad de actores (étnicos, campesinos, empresariales ) y de figuras jurídicas como son las comunidades campesinas, las comunidades negras, las zonas de desarrollo empresarial, las zonas de reserva campesina y de conservación.

 

Estas formas apuntan a la diversidad de los territorios y pobladores y, por supuesto, a la diversidad de formas de acceso a la tierra y nos ponen frente a dos escenarios que son, la complementación o la exclusión entre actores y figuras jurídicas. La confrontación no es la opción. Los debates y confrontaciones en las cuestiones rurales se derivan, pues, de visiones diversas sobre el desarrollo y la “armonización” de los procesos productivos, de las escalas y ritmos de producción, con las dinámicas ambientales, los saberes y prácticas de las comunidades y el bienestar humano. Uno de los temas que expresa muy bien esta disputa es la concentarcio de tierras y la interacción entre las UAF y los grandes proyectos productivos.

 

Sobre este tema en la discusión se hizo un planteamiento sobre el acaparamiento de tierras bien polémico y que copó gran parte del debate. Se sostubo que en torno del acaparamiento de tierras se presentan dos realidades, la una legal y la otra, ilegal en tanto que en la historia del país, la legislación ha promovido la concentración inmoral de la tierra. Por esa razón, los baldíos no fueron usurpados, por cuanto la acumulación y concentración de tierras ha sido una política pública destinada a favorecer a los terratenientes. Desde el positivismo jurídico es la ambigüedad en la ley y, más precisamente, la idea de la existencia del “espíritu de la ley” que permite que cada actor interprete a su leal saber y entender o conveniencia la ley en lo que se refiere a la acumulación de la tierra en general y la de las UAF en particular.

 

Desde una un trabajo regional basada en el Sur de Bolívar, se argumento una perspectiva diferente de la acumulación de tierras que sostiene que la concentración de baldíos si es ilegal, además de inmoral. La ilegalidad se expresa de múltiples maneras en un contexto como el Sur de Bolívar: adjudicándoles las tierras a los que desecan y ocupan las ciénagas; adjudicándoles tierras a los marimberos y narcotraficantes que establecieron, primero, ganaderías y luego cultivos de coca; el establecimiento de los cultivos de palma en tierras antes campesinas conseguidas a través de “gestores de tierras”, desecando humedales y construyendo jarillones y canales en baldíos de la nación no adjudicables. Una revisión atenta de la configuración territorial del Sur de Boíivar destinada a la ganadería y a las infraestructuras del narcotráfico, permite descubrir la ilegalidad en todas sus formas.

 

También se argumento la pertinencia en resaltarse los bloqueos institucionales que dificultan el acaparamiento: El Código Civil, el artículo 72 de la Ley 160 de 1994, la ley de Restitución de tierras y la consulta previa. Por estos marcos jurídicos el acaparamiento es ilegal y porque además ha estado acompañado de masacres, desplazamiento y narcotráfico; las víctimas verán sus demandas atendidas por la justicia, tal vez no hoy pero si en unos 30 o 40 años.

 

Sobre el proceso de acaparamientos la discusión tendió a reivindicar la necesidad de entender este proceso desde la perspectiva de la economía política y no desde el marco autorreferencial de la Ley. No hay que olvidar que detrás de las leyes existen poderes, y clases sociales y empresas. La ley está hecha para y por los que tienen poder, sostuvo uno de los comentaristas. Los baldíos fueron concedidos por el poder de incidencia de las elites en las decisiones del Estado. Entenderlo desde ese marco nos permite descubrir cómo funciona la democracia liberal que se caracteriza por ser simplificadora pero coercitiva; no entiende el conflicto, lo despolitiza y lo sataniza. Una democracia liberal solo sabe reaccionar con violencia. En esta democracia liberal sin participación de los campesinos en la definición del modelo de desarrollo, razón por la cual son los violentos los que llevan al gobierno a discutir.

 

Sobre las políticas de desarrollo rural y ordenamiento territorial se presentó un acuerdo entre los ponentes y participantes de la mesa: el modelo de desarrollo rural fracasó en sus propósitos de luchar contra la pobreza, prevenir el acaparamiento de la tierra, garantizar la soberanía alimentaria. El problema y las diferencias en la actualidad radica en cómo se interpreta dicho fracaso, al respecto afloraron cuatro planteamientos.

 

Las políticas de desarrollo rural están bloqueadas por la ambigüedad de las leyes y la capacidad de los actores locales para interpretarlas a su acomodo.

 

El despliegue del modelo de desarrollo basado en la agroindustria, la apertura y el modelo asociativo de campesinos y agroempresarios se ha territorializado con frecuencia de manera violenta por la presencia histórica de mafias. Los gremios agroempresariales no tienen una visión comprensiva y de amplio espectro de las realidades, posibilidades y dinámicas del desarrollo y agencian una cultura política sectaria.

 

El modelo de desarrollo está bloqueado por la informalidad campesina, por la incapacidad para formar alianzas productivas entre empresarios y campesinos, que en lo económico y productivo también deberían ser considerados como empresarios.

 

El modelo de desarrollo rural es inoperante porque los actores rurales no están preparados para, no comprenden o aceptan el modelo basado única y centralmente en el mercado. Se resalta el componente administrativo como uno de los problemas de su fracaso y especialmente el hecho de que las estrategias del modelo son de carácter sectorial y no territorial.

 

Esas posturas a su vez plantearon entre los participantes dos dudas:

  • ¿Es el paramilitarismo el actor principal del modelo de desarrollo rural en Colombia?
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  • ¿Cuál es la legitimidad que el estado y la sociedad le otorgan a la economía campesina?
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Se planteó igualmente que cuando los sectores empresariales hablan de un modelo incluyente, la cuestión está en definir desde que perspectiva se considera incluyente. ¿Son el modelo asociativo y el monocultivo la única forma de inclusión del campesinado? ¿Acaso la pobreza del campo es causada no por la falta de integración sino por las formas de integración de la producción campesina a la economía capitalista?.

 

Para ampliar sobre este tema y el desarrollo de esta mesa ver memorias del evento.

 

La acumulación de baldíos como la sostiene otro de los participantes, Juan Felipe García de la Universidad Javeriana, es ilegal e inmoral, situación que se ve reflejada en el Sur de Bolívar, donde se ve la adjudicación de tierras a los marimberos y narcotraficantes que han ido implantando negocios de ganadería, cultivo de coca, cultivos de palmas, en donde se dan además bloqueos institucionales que dificultan el acaparamiento como el código civil, el art. 72 de la Ley 160 de 1994, la Ley de Restitución de Tierras y la consulta previa; situación que realmente ya se ha tornado desde hace algún tiempo ilegal ya que en estos territorios ya se habían presentado desplazamientos, narcotráfico y masacres.

 

Juan Felipe García de la Universidad Javeriana, destaca su oposición diciendo lo siguiente: Conocemos la realidad del Sur de Bolivar. Hace una lectura regional: Sur de Bolivar.El problema (ZRC, Baldios) hay una institucionalidad sobre el campo puesta en juego. La acumulación de baldíos si es ilegal, Guillermo dijo que la adjudicación de baldíos es legal pero inmoral.

 

Situación que se da en las tierras en el Sur de Bolívar, en donde luego este resalta que hubo procesos de adjudicaciones de baldíos donde campesinos iletrados no reciben adjudicaciones, y donde al mismo tiempo Marimberos compran tierras y hacen lavados mediante la ganadería, además de ello he aquí en donde intervienen grupos armados, donde los paramilitares entran a recuperar territorio de los narcotraficantes, en donde al mismo tiempo estos tienden acabar con vidas campesinas , y luego instalan proyectos productivos, como el de la Palma, ya que es el de más larga duración, sin tener en cuenta las consecuencias de la destrucción del suelo.

 

Hay que tener en cuenta la institucionalidad sobre el campo en donde es indispensable tener presentes los fenómenos de violencia y de ilegalidad, en donde se da la apropiación corrupta de tierras. Llevar el “desarrollo” a un lugar donde habita la violencia y la masacre es muy difícil, además en donde se vea involucrada la estrategia de negación de tener en cuenta otros modelos de desarrollo para poder obtener beneficios colectivos.

 

En el ordenamiento del territorio existe una gran diversidad de actores (campesinos, empresariado, étnicos) en donde apuntan a las diversidades de territorios y también la diversidad del acceso a estos, donde se presentan dos situaciones bastante frecuentes, que son el de la complementación o de la exclusión. Guillermo Forero, abogado independiente y participante de la actividad, mencionó como el acaparamiento de tierras promueve ciertos caracteres ilegales ante ciertas concentraciones inmorales por intereses personales, donde afirmó además que la acumulación y concentración de tierras ha sido y se supondría que es una política pública para favorecer a los terratenientes.

Las políticas de desarrollo rural y ordenamiento territorial fueron temas muy discutidos en esta mesa entre los ponentes y los participantes, teniendo en cuenta el fracaso del modelo de desarrollo rural en donde supuestamente lucha contra la pobreza, el acaparamiento, la eficiencia y la soberanía alimentaria se ven ligadas a la poca eficiencia de las políticas de desarrollo rural las cuales están bloqueadas por la ambigüedad de las leyes y la capacidad que tienen los actores locales ante su labor y acomodación, además de ello se destaca el modelo de desarrollo basado en una agroindustria, la apertura, el modelo asociativo el cual se territorializa de forma intimidante por el narcotráfico y/o mafias, donde el interés no se basa en una soberanía alimentaria, solo en un beneficio económico propio ya demás desmedido.

La informalidad campesina es uno de los puntos que tienen bloqueados a el modelo de desarrollo a causa de la incapacidad de formar alianzas productivas entre empresarios del campo y el campesinado, ya que el modelo de desarrollo rural también se ha destacado por su poca practicidad ya que se dice que no comprenden muy bien el modelo base del mercado en relación con el campo.

Se llegó a la conclusión de que la UAF es injusta e ilegal. En Colombia el Derecho, no mantiene un espíritu de Ley, ya que es un discurso autorreferencial. Sin obviar acerca del 85% de las tierras baldías (Porción de tierras Sin Dueño conocido) que existen en el país y que son aprovechadas incluso por el mismo estado, aprovechando lo que se ve reflejado en la constitución de la Nueva Republica que dice “la tierra es del Estado” siendo este una de las causas del origen de la concentración de la tierra.

Estamos repensando la institucionalidad sobre el campo pero para eso se requiere ver los fenómenos de violencia y de ilegalidad. Si no entendemos que hay jugadas para la apropiación corrupta de la tierra, no es posible la solución del conflicto y hacer posible la reforma agraria. Una parte importante donde se piensa llevar el “desarrollo” es donde ha habido masacre y narcotráfico. Esa estrategia de negación, de mirar hacia otro lado, y poner en marcha el modelo de desarrollo, es peligrosa y las victimas van a demandar justicia, tal vez no hoy pero si en 30 o 40 años.

En el modelo agrario deben caber todos los actores: empresarios del campo, campesinos. Las propuestas de desarrollo no son paramilitares: está pensando para crear asociaciones productivas. La discusión sobre el modelo debe ser: cuales deben ser las condiciones para crear crecimiento económico en el campo. Los campesinos también son empresarios. La informalidad es un problema de desarrollo. Pensemos en un modelo incluyente.

El país tiene que distinguir entre desplazamiento y acaparamiento. La acumulación es unos fenómenos jurídicos. La pregunta es crear un modelo incluyente. Estamos de acuerdo pero incluyendo desde donde. El modelo asociativo, el modelo monocultivo está destruyendo el planeta. La pobreza no es por la falta de integración sino por la forma de integración. Hay que promover la economía campesina.

La propuesta es asociarse con empresas y ahí radica el problema. ¿Los campesinos tiene la posibilidad de hacer política pública? En el mundo ese modelo está puesto en duda. En la Orinoquia se puede hacer desarrollo sobre la base de la economía campesina.

No se puede seguir diciendo que hay que reformar para no reformar nada. Nos la vamos a pasar de reformita en reformita. No tenemos que esperar a lo que digan los abogados si es legal o ilegal. No hay que buscarle curvas a las leyes o los incisos. El problema no es de comas y tildes. Hay que fortalecer la economía campesina: plata, asistencia técnica, etc. Los empresarios no son democráticos. Y no practican la democracia en sus contextos. Hay autoritarismo

La ley está hecha para los que tienen poder. Los baldíos fueron concedidos por el poder de incidencia de las elites. No se puede olvidar la economía política. Vivimos en una democracia liberal adoptada en el siglo XIX. Las elites nacionales la adoraron porque no cambió un ápice el poder. Es una democracia liberal atrazada, coercitiva, que no entiende el conflicto, despolitiza el conflicto, sataniza el conflicto. La democracia liberal solo sabe reaccionar con violencia. En esta democracia liberal no hay participación. Los campesinos, la ANUC no participo en las negociaciones del TLC. Los presidentes no se reúnen con los campesinos. Los más asesinos, los más violentos son los que están llevando al gobierno a discutir.

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