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Mesa C

 

La mesa se propone indagar por las relaciones entre el fenómeno de la concentración  y el acaparamiento de tierras con la expansión e instalación de las industrias extractivas o la construcción de grandes obras de infraestructura en los territorios rurales. Se analizará también las relaciones del desarrollo rural con los modelos de desarrollo ligados al extractivismo neoliberal y pos-neoliberal teniendo en cuenta la situación colombiana en el contexto de América Latina. Entre los principales temas a discutir en esta mesa están los impactos de las industrias extractivas en los medios de vida de comunidades rurales y en la soberanía y autonomía alimentaria.

 

Coordinadora:

Juana Camacho (ICANH)

 

Comentaristas:

Jaime Arias (U. Externado, Sergio Coronado (CINEP). Sergio Moreno ( ILSA)

 

Relatora:

Diana Soler

 

Participantes:

María Sampayo Organización Femenina Popular Barrancabermeja: Experiencia comunitaria: Caso de mujeres pescadoras afectadas por la hidroeléctrica del río Sogamoso.

 

Edinson Culma Centro Nacional de Memoria Histórica: La economía del petróleo y los problemas del uso y la tenencia de la tierra y el territorio en el bajo Putumayo.

 

Candelaria Parra, Almeys Mejía, Gloria Holguín Comité de Reasentamiento del Hatillo, Cesar: Experiencia comunitaria: La experiencia del reasentamiento de comunidades afectadas por la minería de carbón.

 

Melina Lasso L. Universidad del Tolima: Minería y conflicto territorial en Marmato Caldas: descubriendo la grieta.

Felipe Harman Mesa minero energética Villavicencio, Meta: Experiencia Comunitaria: Pacific Rubiales y Palma en el Meta.

 

Gerardo Acero Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño

 

CAHUCOPANA: Experiencia Comunitaria: refugio humanitario y comunidades agromineras.

 

Pablo Téllez. Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT: Experiencia Comunitaria: Extracción de carbón a cielo abierto en el Catatumbo.

 

Catalina Serrano Pérez, Fraviel Blanco Colectivo por la protección de la provincia de Sugamuxi – TASCO: La extracción minero-energética en el departamento de Boyacá: apuntes para el análisis del acaparamiento de territorios de interés hídrico en las altiplanicies andinas.

 

Mauricio Mesa, Mario Flores Hidro Sogamoso: Experiencia comunitaria: Consecuencia y afectaciones del desarrollismo y los megaproyectos en la región del Magdalena medio.

 

María Carolina Martina Colectivo Memoria y Saber Popular: Impactos en la apropiación del territorio con el ingreso del turismo un estudio en la amazonia colombiana.

 

Ferney SINPEAGRICUN Cabrera: Experiencia comunitaria: Microcentrales en el río Sumapaz.

 

Mario Gabriel Macías FIAN, Ecuador: Matriz productiva, soberanía alimentaria y buen vivir rural en el Ecuador.

 

Juan Carlos Houghton Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política – Ensayos: Acompañamiento a comunidades y economías de enclave Danilo Urrea CENSAT: Extractivismo, acaparamiento territorial y resistencias.

 

Fernando López Vega: Coltan. La construcción social de un nuevo recurso natural en tiempos de desigualdad neoliberal.

 

FICHA TÉCNICA:

La mesa se propone indagar por las relaciones entre el fenómeno de la concentración  y el acaparamiento de tierras y la expansión e instalación de las industrias extractivas o la construcción de grandes obras de infraestructura en los territorios rurales. Se analizarán también las relaciones del desarrollo rural con los modelos de desarrollo ligados al extractivismo neoliberal y pos-neoliberal teniendo en cuenta la situación colombiana en el contexto  de América Latina. Los impactos de las industrias extractivas en los medios de vida de comunidades rurales y en la soberanía y autonomía alimentaria.

 

1. ¿Cómo se vienen expresando en su región el extractivismo, la concentración de tierras y el acaparamiento de recursos?

 

2. Según la experiencia de su organización o de su caso, ¿Cómo el extractivismo minero y agrícola han llevado a cabo el proceso de acaparamiento de recursos y de qué forma esto afecta la alimentación de su comunidad?

 

3. ¿Qué actividades o estrategias de lucha viene implementando su organización y/o comunidad frente al extractivismo y al acaparamiento de recursos para proteger su soberanía alimentaria?

 

La mesa se desarrolló en formato de panel con la presentación de experiencias de organizaciones sociales de distintas regiones del país frente a diferentes casos de extractivismo y economías de enclave. Se presentaron once casos que ilustraron la diversidad de formas, escalas y efectos del extractivismo y de las economías de enclave en los territorios sobre los modos de vida, la tenencia de la tierra, la alimentación y la salud local y regional. Se pusieron en evidencia la variedad de actores involucrados (Estado, compañías nacionales y transnacionales, actores armados, ONG, comunidades) y los múltiples intereses en juego (económicos, políticos, ambientales, laborales…). Se señalaron las contradicciones y limitaciones de la acción gubernamental y legislativa. Mediante sus testimonios personales, los ponentes identificaron las múltiples respuestas de las comunidades locales que van desde acciones de resistencia organizada y de interposición de recursos legales hasta el abandono del territorio por efecto de la violencia.

 

La mesa evidencio la complejidad del tema atravesado por lógicas de poder, apropiación de recursos, violencia, violación de derechos, contradicciones en la política y la legislación, y por la necesidad de obtener respuestas políticas pertinentes para la población. El estractivismo es un hecho cuando la naturaleza se convierte en una mercancía y en un recurso para acumular capital y mantener el poder y privilegio de unos grupos. Esto lleva al control y acaparamiento de los bienes comunes que funciona como un control territorial, y con ello una concentración de tierras, porque se acapara no solo el espacio físico sino también las relaciones sociales, políticas y culturales, esto se realiza para distintos fines y de distintas formas. Así e extractivito y los proyectos minero energéticos que fundamentan las estrategias de desarrollo van de la mano y están afectando las formas de vida territorios comunitarios en todas las regiones del país.

 

En el Putumayo, el petróleo ha afectado el paisaje de la selva, los territorios, la demografía, los patrones de asentamiento y las vías de comunicación y movilidad. Al igual que otras de las actividades extractivas que se han dado en la zona (caucho, extracción forestal, coca), la explotación petrolera restringe el acceso, la tenencia y la titularidad de la tierra.

 

En el Meta y la Orinoquia en general, las actividades de siembra de agrocombustibles para la producción de etanol y biodiesel por parte de capitales cañeros y palmeros, han convertido la región en un territorio de enclave donde se expolian tanto la tierra como los recursos.

 

Otra forma de acaparamiento del territorio y la territorialidad rural es el turismo, como sucede en la Amazonia. Hace parte de la tendencia a la tercerización o ampliación de la oferta de servicios en las zonas rurales. Desde hace muchos años la Amazonia ha tenido bonanzas económicas nacidas de la colonización de territorios indígenas para la extracción de caucho, madera, coca, pieles, farmacéutica y, hoy en día, el turismo, que tiene unas dinámicas territoriales más amplias que las otras. En todas estas bonanzas se constata que el capitalismo afecta los territorios de acuerdo con los procesos de apropiación y explotación.

 

Los efectos ambientales de la minería se viven diariamente en la zona andina (Boyacá, Tasco y las provincias de Sugamuxi y Valderrama) donde la extracción de carbón en zonas de páramo y de minifundio amenaza los territorios y los medios de vida campesina por la pérdida de los nacimientos de agua necesarios para la agricultura y la contaminación de acueductos comunitarios. Es una de las zonas con mayor potencial petrolero y minero del país y fuente de recursos hídricos que surten a los municipios de la región .La lucha por el agua y contra el acaparamiento de tierras es un proceso hace varias décadas contra Acerías Paz del Río, que acapara tierra y siembra eucaliptos.

 

En la zona andina, entre las estrategias que se han puesto en marcha por parte de las comunidades y las organizaciones, con apoyo de estudiantes, profesionales y ONG,s, está la del veto a la minería bajo el principio de precaución, como sucedió en el municipio agrícola de Piedras (Tolima) que en una consulta popular votó contra la explotación de oro. En Tasco (Boyacá) también se interpuso una acción popular para evitar la minería por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar.

 

En lugares con gran tradición de minería artesanal de oro en socavón, como Marmato (Caldas), se está dando una nueva forma de acaparamiento y despojo mediante la compra masiva de los títulos de los pequeños mineros por parte de empresas transnacionales que impulsan la explotación a cielo abierto.

 

El desarrollismo y el extractivismo corporativo en el Magdalena Medio se iniciaron desde los años veinte con las actividades de la Tropical Oil Company, la “troco”, que luego se convirtió en Ecopetrol. Posteriormente llegó la Occidental Petroleum Corporation, conocida como la OXY, hace más de 50 años en la región.

 

En Barranca, en el Magdalena Medio, las actividades para la generación de energía, como es la desviación del río Sogamoso desde el 2009 y la construcción de la represa Hidro Sogamoso, han sido nocivas para la vida cotidiana, los derechos humanos, la economía, los proyectos de vida, la seguridad alimentaria y la salud. Las mujeres, muchas de ellas cabeza de familia, han sido especialmente afectadas porque sus ingresos dependían de la pesca, la extracción de materiales de arrastre y el turismo.

 

En el norte del país la extracción y explotación minera impacta , como sucede con el petróleo en el Catatumbo y la minería a cielo abierto del carbón en el Cesar. En el Catatumbo, la extracción petrolera se inici ó desde 1930 y diezmó y desplazó a la población indígena. Años después, por la falta de mejores opciones laborales y de ingresos para la seguridad alimentaria, se inició el cultivo de coca. Desde los años 1980 se ha pedido al Estado la dotación de servicios básicos, demandas, continuadas con las marchas cocaleras de 1996 hasta la puesta en marcha del Plan de Desarrollo y Paz para el Catatumbo. Como respuesta llegaron los grupos paramilitares y rompieron el tejido social, asesinaron líderes y desplazaron a la población.

 

Para las comunidades de El Hatillo en el Cesar, el carbón a cielo abierto es la más reciente forma de despojo. Hasta 1970 los campesinos vivían de la pesca, la agricultura y la ganadería, pero fueron desplazados por la introducción de los monocultivos extensivos de arroz y algodón y luego por la palma de aceite. A partir de 1995 al iniciarse la minería a cielo abierto se dio la parcelación y privatización de la tierra alrededor de la mina, lo cual impidió la pesca, la caza, los cultivos y la ganadería.

 

Las distintas situaciones en cada una de de las regiones del país evidencian que los territorios tiende a ser gobernados por empresas a las cuales se les transfieren competencias públicas y de gobierno. Las compañías ejercen funciones de control del espacio y de ordenamiento de lo económico, y definen las políticas públicas.

 

Para ampliar sobre este tema y el desarrollo de esta mesa ver memorias del evento.

 

Sur-oriente, Putumayo, Amazonia y Meta: En el Putumayo, el petróleo ha afectado el paisaje de la selva, los territorios, la demografía, los patrones de asentamiento y las vías de comunicación y movilidad. La explotación petrolera restringe el acceso, la tenencia y la titularidad de la tierra. En el caso de los indígenas las compañías no siempre reconocen la territorialidad o la autoridad. Los campesinos y colonos no logran acceder a una parcela porque no se permite la propiedad en zonas aledañas a los pozos. En el Meta y la Orinoquia, las actividades de siembra de agrocombustibles para la producción de etanol por parte de capitales cañeros y palmeros, ha convertido la región en un territorio de enclave donde se expolian tanto la tierra como los recursos. El Estado facilita el acaparamiento y la extranjerización mediante los distintos estímulos legales, económicos y financieros, como los créditos de agro-ingreso seguro. La expansión del agronegocio genera el desplazamiento físico de las actividades agropecuarias tradicionales. En el Amazonas, una forma de acaparamiento del territorio y la territorialidad rural es el turismo. Desde hace muchos años la Amazonia ha tenido muchas bonanzas económicas que se han hecho mediante la colonización de territorios indígenas como la extracción de caucho, madera, coca, pieles, farmacéutica. En todas estas bonanzas se constata que el capitalismo afecta los territorios de acuerdo con los procesos de apropiación y explotación. Pero el turismo no se impone irremediablemente en comunidades pasivas sino que la gente busca negociar y obtener beneficios con la venta de bienes y servicios variados. Centro y Zona Andina: Los efectos ambientales de la minería se viven diariamente en la zona andina (Boyacá, Tasco y la provincia de Sugamuxi y Valderrama) donde la extracción de carbón en zonas de páramo y de minifundio amenaza los territorios y medios de vida campesinos por la pérdida de nacimientos de agua necesarios para la agricultura, la contaminación de acueductos comunitarios y distritos de riego. En lugares con gran tradición de minería artesanal de oro en socavón, como Marmato (Caldas), se está dando una nueva forma de acaparamiento y despojo mediante la compra masiva de los títulos de los pequeños mineros por parte de empresas transnacionales de impulsan la explotación a cielo abierto.

 

En Barrancabermeja, en el Magdalena Medio, las actividades para la generación de energía, como la desviación del río Sogamoso desde el 2009 y la construcción de la represa hidrosogamoso, han sido nocivas para la vida cotidiana, los derechos humanos, la economía, los proyectos de vida, la seguridad alimentaria y la salud. La industria de la palma de aceite en esta región, liderada por Indupalma desde 1970, también ha desplazado gente del territorio. Las alianzas productivas que se proponen se han hecho a costa de la apropiación de subsidios como Agro Ingreso Seguro y en contra de la siembra del pancoger, que es la base de la seguridad alimentaria de las comunidades locales. El extractivismo promueve la construcción de otros megaproyectos como la Ruta del Sol y puertos multimodales en los que se concesionan estaciones de gasolina y de servicios a compañías extranjeras.

 

Norte de Santander y Cesar: En el Catatumbo, la extracción petrolera se inició en 1930, esta diezmó y desplazó a la población indígena. A falta de mejores opciones laborales y de ingresos para la seguridad alimentaria, se inició el cultivo de coca. Desde los años 1980 se ha pedido al Estado la dotación de servicios básicos, demandas que continúan con las marchas cocaleras de 1996 hasta la puesta en marcha del Plan de desarrollo y paz para el Catatumbo. Pero en represalia llegan los grupos paramilitares y rompen el tejido social, asesinan líderes y desplazan a la población. Para las comunidades de El Hatillo en el Cesar, el carbón a cielo abierto es la más reciente forma de despojo. Hasta 1970 los campesinos que vivían de la pesca, la agricultura y la ganadería, fueron desplazados por la introducción de los monocultivos extensivos de arroz y algodón y luego por la palma de aceite. A partir de 1995 con el inicio de la minería a cielo abierto se inició la parcelación y privatización de la tierra alrededor de la mina que impidió la pesca, la caza, el cultivo y la ganadería. Desde entonces además de presentarse una multiplicidad de enfermedades respiratorias y en la piel por la contaminación del aire y del agua, se ha dado una verdadera perdida de seguridad alimentaria y se han declarado en emergencia alimentaria por la desviación del río.

 

Ecuador: La nueva constitución ecuatoriana (2008) se basa en el principio del buen vivir e incluye una serie de derechos, entre ellos a la soberanía alimentaria y a la no privatización del agua. En el 2009 se aprobó la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria (LORSA), para desarrollar la nueva matriz productiva, estructurada a partir de la interacción de los actores para producir bienes y servicios, pero hasta hoy solo existe un plan de corto plazo para mejorar la productividad de cultivos comerciales para agrocombustibles y otros a largo plazo para la producción a gran escala de commodities. Esto ha llevado a una mayor latifundización, degradación ambiental y acaparamiento del agua de riego. La nueva legislación minera también permite concesiones a extranjeros para explotaciones a cielo abierto (que se quieren nacionalizar para que los recursos sean de la nación). Al mismo tiempo se están construyendo varios proyectos de infraestructura multipropósito como represas y vías relacionadas con la iniciativa IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) para conectar el amazonas con los andes.

 

Las ponencias mostraron los impactos sociales, económicos, ambientales y sicosociales de las industrias extractivas, especialmente de la minería en los territorios, los medios de vida y los derechos humanos. Nos mostraron también la manera en que el acaparamiento, es también apropiación de recursos y una forma de ejercicio de poder político que reconfigura la vida cotidiana de la gente.

 

A través de los casos se vio que no es un asunto de decir sí o no al extractivismo, si no que las comunidades son heterogéneas y hay diferencias entre los sectores populares. Esto lleva a la discusión sobre el papel de las comunidades en el ordenamiento territorial, sobre los escenarios de mediación y si hay puntos medios, en últimas, son discusiones sobre los modelos y las políticas de desarrollo.

 

El caso de Ecuador es un ejemplo del enfoque del socialismo del siglo 21, con el que se identifican los países progresistas que emplean el extractivismo para sustentar la política social (Venezuela y Cuba con el petróleo, Ecuador, Bolivia y Brasil con el hierro y otros minerales). Pero ¿puede realmente este modelo contribuir a la política social?

 

Hasta ahora hemos hecho un reconocimiento de la minería pero no tanto en su relación con el acaparamiento de tierras, suelo, agua, recursos. En el seminario hemos visto que hay un debate internacional importante y tenemos que conectarlo con los casos nacionales y locales. Una de las estrategias es vincular los ejercicios y las experiencias comunitarias con investigación, discusión con universidades y centros de investigación, y hacer visibles los resultados en doble vía, incorporando conceptos y experiencia.

 

Frente al debate sobre el desarrollo en un país de posconflicto y de derecho social hay que plantear la reflexión: ¿qué hacer con estos temas? No hay ruta, pero sí elementos para construir unidad e insistir en la consolidación de procesos de resistencia desde el agro para contrarrestar los niveles de frustración. Hay que preguntarse por cuáles son los principios de unidad del movimiento social y las alianzas de transformación (academia, organizaciones, ONGs) para la exigibilidad y progresividad de derechos. Es importante generar niveles de confianza y principios de poder en torno de las diferencias, la equidad y la diversidad.

 

Si los sectores corporativos se unieron para expoliarnos, ¿por qué nosotros no podemos globalizar la lucha y la unidad? El reto del seminario es unir esfuerzos conceptuales, legales y jurídicos.

 

En cuanto a los temas de fortalecimiento es importante rescatar y enfatizar la noción de utilidad pública de un proyecto y llenarla de contenido desde la gente. La utilidad pública la determina la población afectada y esta es una forma de articular consideraciones sociales y acciones extractivas. Hay que propiciar una discusión sobre la democracia y sobre cómo se afecta lo público: la gente y la naturaleza. También se debe apelar al principio constitucional de la coexistencia, aunque no todos los seres tienen las mismas garantías de vida ni se respetan, el extractivismo tiende a no respetar este derecho, ni la diversidad y la plurietnicidad.

 

Entre las estrategias que ya se están poniendo en marcha es la divulgación pública en las páginas Web del Colectivo José Alvear Restrepo y el Cinep, videos sobre las experiencias de casos en zonas con trayectoria minera (Guajira, Boyacá), que sirven de ejemplo y alimentan los debates de la gente de regiones donde apenas están empezando la minería y el extractivismo.

 

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